Opinión Personal

Cierto grado de revuelo causó la declaración que el ex consejero presidencial, Fabio Echeverri Correa dio el pasado 25 de mayo a El Espectador, y que este último tituló con la frase “Sergio Fajardo no será presidente”. Sin embargo, no igual reacción desencadenaron las explicaciones que Echeverri Correa dio a La W al día siguiente y tampoco ha generado controversia alguna la continua transformación que se le está dando al concepto de seguridad, al convertirlo en un tema de campañas cuando este es en verdad una responsabilidad inherente del estado. Aquí un breve primer análisis al respecto.

En la citada entrevista, Echeverri Correa, quien también es ex gerente de las campañas a la presidencia de Álvaro Uribe, declaró al diario bogotano que dado que “Fajardo dice abiertamente que no está de acuerdo con esta política,” sus opciones de ser elegido en la próxima contienda electoral por la presidencia van a estar limitadas a obtener “un porcentaje del 20 o 30 por ciento,” por lo que se debe entender que Fajardo “no va a tener una mayoría que le permita ser elegido, porque sencillamente,” según Echeverri Correa, “el país, el 90 por ciento de los colombianos, han manifestado que quieren la seguridad democrática.”

Persiguiendo la noticia, el 26 de mayo La W entrevistó a ambos protagonistas. A Fajardo, dándole una (nueva) ‘oportunidad’ de exponer sus posiciones al respecto; y luego a Echeverri Correa para capturar de manera más amplia su opinión sobre el mismo. Ambas entrevistas pueden escucharse en línea (Echeverri Correa, Fajardo).

La posición de Fajardo es y ha sido consistente. Él simplemente se abstiene de caer en el juego de ser etiquetado como una u otra cosa. Su posición está clara en tanto que obedece al cumplimiento de unas normas fijas (que él asocia con los axiomas matemáticos), es decir, la seguridad es un derecho de los ciudadanos y el proporcionarla es un deber del estado. Por tanto, no es algo a lo que uno pueda o no declararse afín, pues no es consigna que sea única a posición política alguna, sino parte del marco legal que rige el país. Por su parte, la más amplia intervención de Echeverri Correa en vivo y sin el corte editorial de un diario, deja ver mucho más, y para poder hacerlo seriamente me permito transcribir la respuesta que le dio a Julio Sánchez Cristo cuando éste le preguntó que para el ¿qué significaba darle continuidad a la seguridad democrática? Y Echeverri Correa contestó:

“Es muy sencillo, muy claro, muy transparente, muy fácil. ¿Qué significa? Que el país quiere y percibe, necesita, y va a continuar queriéndolo por mucho tiempo si no por siempre el que exista seguridad democrática. Eso es algo que piden en cualquier país civilizado del mundo, seguridad democrática. Que usted pueda salir a la calle, pueda viajar por las carreteras, que pueda vivir en los pueblos o en las ciudades, o solo en la finca. Que no necesite armarse de gente, que no necesite de grandes ejércitos de guardaespaldas y de grupos de seguridad que a la larga terminan como terminaron aquí, volviéndose grupos paramilitares. En fin, que el colombiano raso, cualquier colombiano, pueda vivir en su país sin necesidad de pagarle tributo a nadie, ni pleitesía a nadie, ni (con) temor de nadie. Que usted pueda coger un carro en cualquier ciudad del país a cualquier hora del día o de la noche (e) irse para donde le provoque sin que este país viva lleno de policía y ejercito en todas las carreteras y en todos los pueblos, como tiene que vivir hoy en día gracias a la inseguridad democrática. A pesar de que el doctor Uribe ha recuperado seguridad democrática como loco pues, brutalmente recuperada. Pero aquí cualquier cosa requiere pues una tropa de policía o ejercito. Fíjese usted que para poder jugar fútbol hay que llenar los estadios con ochocientos, quinientos, mil, mil quinientos policías, y si no van (para) que la gente se divierta y goce, entonces rompen el estadio, rompen los jueces, rompen los jugadores, rompen todo al rededor y el barrio vecino. Aquí, esa es: inseguridad democrática. E inseguridad democrática es lo que había aquí. Y seguridad democrática es lo que hubo antes del 9 de abril, donde uno podía salir de Medellín para Bogotá o viceversa en un carro a cualquier hora del día o de la noche y donde lo cogiera la noche podía parar a la orilla de la carretera y dormirse en la seguridad de que no lo asaltaran. Eso lo hice yo miles de veces. Cuando estaba jovencito de quince, dieciocho años. Aquí hoy en día… pues tal vez hoy… pero para que usted pueda ir tranquilo por una carretera necesita que haya las brigadas grandes que organizan aquí para que la gente salga porque el país se volvió un país absolutamente violento y delincuente. Entonces la gente no quiere violencia. No quiere esa delincuencia. La gente no quiere que la asalten, no quiere que la roben y muchísimo menos que la secuestren. Cuando una persona dice que no comparte la tesis de seguridad democrática, pues hombre, el está opinando contra el país. Esta yendo por donde va la gente cuando la gente aventura criterios como aventuraba el presidente, candidato, Betancur Cuartas, como aventuraron otros candidatos a la presidencia de la república en décadas pasadas que… bueno… que todo el mundo ya tiene los balances hechos de sus gestiones. Entonces yo le digo una cosa, el que quiera aquí tener una votación superior a un 20, un 30 por ciento, porque el doctor Fajardo que es persona muy competente y muy capaz, y que hizo una buena administración en Medellín y que es un hombre joven lleno de energía, pues es una persona que puede gozar con un 10, un 15, un 20, un 25 por ciento de la votación del país. Porque eso hay unas personas que gusten de él, de sus teorías, de sus tesis como le sucede al doctor Mockus y a algunos otros que tienen tesis así. Entonces usted los deja y sacan, sí, 15, 20, 25 por ciento. Pero ir a sacar un 51 por ciento o mas, yo no creo que es posible. Puedo estar equivocado pero eso es lo que yo creo. Porque el país no le vota a alguien que no diga que va a mantener el país en seguridad. Porque… y tampoco vuelve un centavo de inversión extranjera y tampoco hay crecimiento en el empleo, y tampoco aumentaran el pago de impuestos, y tampoco habrá más oportunidades de capacitación y trabajo, o sea, el país volverá a poner el cambio en reversa. Y vamos a caminar en reversa otra vez como caminamos durante cuarenta años en las décadas pasadas. El que quiera ser elegido presidente aquí, necesita defender la seguridad democrática, o sea la seguridad de la vida, honra y bienes de las personas, y al mismo tiempo la seguridad jurídica para poder venir aquí con inversiones del exterior sin estar muerto del miedo de que a uno le pueda pasar lo que le pasa hoy en día a los inversionistas en Venezuela. Usted si no tiene seguridad democrática que contemple todas las seguridades del caso, que las cubra todas, usted no vende su posible elección y su votación, sino hasta un límite, límite no se, del 10, del 15, el 20, el 25 por ciento del gran total de votación.”

¿Por dónde empezar? Primero, por dejar a un lado el ataque a Fajardo a quien a mi no me corresponde defender y que obedece más a motivos que no sólo le apuntan a Fajardo sino también a todos los llamados ‘no uribistas’ en la contienda presidencial. Esto no sin dejar de hacer precisión sobre que Fajardo jamás ha manifestado “estar en contra de la política de seguridad democrática” como se establece en el artículo de El Espectador (lo cual el trata de explicar en la entrevista).

Empezaré entonces por hacer una primera precisión de carácter histórico. Aun cuando por su fecha de nacimiento y años de formación me cuesta trabajo imaginarme a Echeverri Correa (en ese entonces escasamente un quinceañero) manejando por las carreteras de Colombia, no hay por que dudar que si haya hecho múltiples viajes (a lo mejor con su familia) entre Medellín y Bogotá sin problema alguno antes de 1948. Pero de ello, a asegurar sin el más mínimo reparo que Colombia era un país seguro (al estilo de la ‘seguridad democrática’) antes del famoso bogotazo es faltarle a la verdad. Es desconocer la violencia que vivió el país entre 1930 y 1948. Es cierto que lo ocurrido en los años siguientes al asesinato de Gaitán no se iguala, pero lo desatado ese fatídico 9 de abril, venía siendo cocinado desde el 30—si no es que desde mucho antes; y el hecho de que luego del 48 se haya dado la escalada de violencia ocurrida y la formación de grupos violentos de parte y parte, tiene mucho que ver con la responsabilidad política de los partidos colombianos que aún le deben muchas explicaciones al país por esos años y todos los siguientes; no sin dejar a un lado la importancia e influencia del ambiente mundial a partir del 50 (la consolidación del comunismo en Europa oriental y el nacimiento de la guerra fría). Una cosa pues es querer mirar hacia delante con optimismo y esperanza, y otra muy distinta es querer olvidarnos por qué camino llegamos a donde estamos—fijando a conveniencia un particular punto de partida.

Dicho esto, argumenta Echeverri Correa que la ‘seguridad democrática’ es necesaria para poder, por ejemplo, “coger un carro en cualquier ciudad del país a cualquier hora del día o de la noche (e) irse para donde (a uno) le provoque.” Para poder “salir a la calle, (…) viajar por las carreteras, (…) vivir en los pueblos o en las ciudades, o solo en la finca”. ¿Qué visión es entonces la que personas como Echeverri Correa tienen del país y del pueblo que lo habita? ¿Acaso la madre soltera que vive en las laderas de las comunas pobres de nuestras ciudades, que trabaja como empleada doméstica, que deja atrás a sus hijas menores de edad a la suerte de embarazos juveniles que perpetúan sus condiciones socioeconómicas en un circulo vicioso, están preocupadas por poder viajar por las carreteras de Colombia? Sí, es verdad que como mínimo estas familias desgarradas por las condiciones de violencia en el país quisieran volver a sus lugares de origen, pero esto no se traduce en que estén dispuestas al mismo tiempo a vivir de nuevo en sus pueblos sosteniéndose con las miserables condiciones de nuestra ‘industria’ agrícola. Ni que el viaje en carro sea lo que les preocupe, ya que a todas estas, a qué carro se refiere Echeverri Correa, es decir ¿en cuál carro es que van a viajar de Medellín a Quibdo? ¿o por qué carretera? Pareciera que Echeverri Correa desconoce que el censo de 2005 registró que más del 80 por ciento (DANE, Sistema de consulta Redatam) de los hogares colombianos no tienen vehículo alguno (ni siquiera una motocicleta). Si acaso, sus preocupaciones se reducen a tener con que pagar la flota o el colectivo. ¿A quién es entonces que realmente se le busca proporcionar seguridad con la ‘seguridad democrática’? Les pongo otro caso típico en nuestra economía: el trabajador de la construcción al que ya no se le pagan horas extras pero que aún tiene que trabajar los domingos si quiere llevar una vida ‘decente’. La realidad colombiana es tal que las prioridades de estos personajes dista por mucho de la realidad en que viven Echeverri Correa y quienes con él, aun cuando sea por aspiración, se identifican. A esa madre soltera y a ese padre de familia lo que realmente les preocupa es tener comida para poner en su mesa, hacer rendir el sustento que se ganan con la esperanza de que sus hijos no tengan que salirse este año del colegio. Les preocupa ahorrar un dinero (¿en DMG?) para comprarse un lote (todavía más arriba en la ladera) para poder cambiar la vivienda de madera y hojalatas en la que hoy viven por una de ladrillo (sin refuerzo—que el primer aguacero igual se llevará.) Qué más da que al lote no le lleguen todos los servicios o que no esté bien escriturado.

Esto no es para ridiculizar el temor a los retenes de pescas milagrosas y sus derivados secuestros. Nadie desea tener que volver a vivir en esa otra realidad. Pero si los pobres de Colombia sienten simpatía por el drama del secuestro es solo porque ellos también lo viven, pero en circunstancias diametralmente opuestas. El famoso profesor Moncayo es la más autóctona demostración de ello. Los pobres simpatizan con el drama del secuestro porque para ellos implica que el hijo soldado o policía que le sirve a ese ausente ente de la patria, ahora no sólo está a la suerte del conflicto sino que las fauces mismas del conflicto se lo han tragado. Se los ha llevado ese hoyo negro de la selva que es el secuestro en Colombia.

A lo anterior le sigue hacer lectura del concepto de finca que tiene Echeverri Correa. Esta finca a la que él merecidamente desea ir a vivir de nuevo en soledad se mide en muchos más metros cuadrados que los que tiene la fracción de una cuadra. Se mide en hectáreas. En ella se crían caballos de paso fino y se han desecado los pantanos para hacerlos pastizales aptos para la ganadería. En el extremo opuesto, una muy buena mayoría de la población (rural) de Colombia, no le llama a esto finca, sino casa; es la única que conocen y poseen, si acaso. Con suerte gozan aquellos que no hayan tenido que huir y abandonarla o venderla por un irrisorio precio, habiéndose visto atrapados entre las mezquinas fuerzas antagónicas de turno (esas que hoy son la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, sus combinaciones y/o el estado, pero que antes fueron liberales, conservadores, bandoleros, chusmeros, comunes, chulos, pájaros, policía, ejercito, etc.) Si algún día logran volver a ella ¿aún les pertenecerá? Esa poca de tierra labrantía que dejaron atrás en la plenitud de la montaña o en la llanura de embrujo verde que se confunde con el azul del cielo es hoy tierra apropiada (por otros) y propicia para el sembrado masivo de palma de cera, o la ganadería, o casualmente bien ubicada para la construcción de proyectos que le traerán progreso al país y a la región—pero irónicamente no a ellos, que sí son del país y de la región. Esto no es propiamente lo que los campesinos entienden por ver la patria victoriosa, digna, grande y soberana. Y no se trata de querer obstruir el progreso, se trata sí de entender que el progreso no puede llegar si con él avanzan incólumes los abusos sobre los oriundos de la tierra—en quienes simplemente recrearemos de nuevo el resentimiento social que nos ha traído consigo tanto daño, con lo que, por el contrario, simplemente exacerbaremos perpetuamente la tensión existente entre el pueblo colombiano. No pretendo con esto poner en riesgo la propiedad privada (o por esa misma vía a la inversión extranjera.) Pretendo sí, hablar claramente y sin temor sobre cuáles han sido las circunstancias bajo las cuales se ha dado la expansión de la propiedad privada en las zonas rurales de Colombia. Nos debería entonces preocupar mucho más el garantizar que ese derecho a la propiedad privada y su consiguiente expansión y explotación económica, se haga de forma legítima (no solamente de forma legal, sino también a digna expensa de las partes). Esto es algo que en Colombia, en innumerables ocasiones, no se ha cumplido—ni hay quien haga cumplir. Pues por mucho que se haya avanzado en ‘seguridad democrática’, esta aún no logra liberarnos de los tentáculos de la corrupción y el abuso.

El espejismo que representa entonces el poder viajar libremente por las carreteras entre ciudades o para salir de ellas y visitar la finca, propia, de familiares o de amigos —con lo que logramos hacernos sentir parte de una clase social al que en verdad no todos pertenecemos, muchos si acaso únicamente por simple rose social y buscando un sueño de identidad ajeno—, es cosa que sólo puede hacer un segmento minoritario (pero decisivo) de la población. Y mientras este poderoso subconjunto poblacional (que cree ser algo que no es) no se concientice de que debe hacer mejor uso de ese poder decisivo, pocas esperanzas nos quedan. ¿O es que en verdad creemos que la economía rural y por tanto la del país va a encaminarse hacia mejor norte gracias a que, de paso entre Medellín y Bogotá, paremos a comprar mangos y mandarinas, y a comernos una arepa de chócolo con quesito fresco a la vera del camino? No olvidemos que esto se vende en puestos construidos con orillos de madera aserrada bosque adentro.

A esta altura apenas logro digerir la segunda frase y Echeverri Correa repunta diciendo: “Que no necesite (uno) armarse de gente, (…) de grandes ejércitos de guardaespaldas y de grupos de seguridad que a la larga terminan como terminaron aquí, volviéndose grupos paramilitares.” Al menos se digna Echeverri Correa a admitir implícitamente el origen de los grupos paramilitares. Mas sin embargo, los colombianos aún parecen no despertar a la crudeza de esta verdad y está en el inconciente de muchos (de esos pocos a los que me referí atrás) la no tan callada aceptación que ha merecido este fenómeno en nuestra sociedad. Muestra de ello fue la respuesta que dieron personas del mismo reducto de Echeverri Correa a la revista Credencial en noviembre de 2008. La denominada ‘gran encuesta de líderes’ —que da para mucho más de lo que aquí discuto— reveló que el 51 por ciento de los líderes colombianos considera que, en su momento, se justificó la aparición de los grupos paramilitares. Esta cifra sola debería desatar todo un escándalo, pero por el contrario, pareciera no ser cosa novedosa. Pareciera que se ignora que en parte ese fue el mismo origen tuvieron algunos de los grupos a los que se les llamaba ‘bandoleros’ (y luego guerrilleros) en los llanos orientales durante la violencia acaecida luego de 1948. Campesinos que fueron armados por sus patrones terratenientes que buscaban defenderse de sus perseguidores. La diferencia está en que en ese entonces (1949–) se trató de los terratenientes liberales en defensa de las fuerzas armadas (policía, ejercito, y otros) guiadas por el interés de los conservadores, mientras que en el caso más recientemente se trató de los ganaderos ‘decentes’ y los narcotraficantes (no tan decentes) para luchar en contra de la guerrilla. Esto a pesar de todo no cambia los ingredientes explosivos que se parecieran mezclarse y repetirse una y otra vez: un campesinado armado por otros para luchar la guerra de unos pocos más poderosos, que luego se desboca como potro salvaje fruto del poder de las armas que les corrompe y la violencia misma de la que se hacen parte que termina por devorarlos.

A reglón seguido, los ‘líderes’ de la encuesta, casi en su totalidad (96 por ciento), considera que los llamados grupos emergentes son, o bien los mismos de antes con un nombre distinto, o simplemente un nuevo brote del mismo fenómeno. Pero la encuesta por su propia naturaleza pasa a la siguiente pregunta y nos quedamos con la incertidumbre de si ese 51 por ciento anterior aun los creerá justificables en su reaparición. En presunción de la buena fe y basados en que un 60 por ciento de los encuestados cree que los recientes éxitos alcanzados por las Fuerzas Militares obedecen a directrices del Presidente, creamos que no es así. Por lo menos en tanto se prolongue la política de ‘seguridad democrática’ — que no necesariamente debería estar en competencia (o sujeta a confusión alguna) con la seguridad tal como se establece en la constitución.

Este modelo de ‘seguridad democrática’ es importante para que, según argumenta Echeverri Correa, “el colombiano raso, cualquier colombiano, pueda vivir en su país sin necesidad de pagarle tributo a nadie, ni pleitesía a nadie, ni (con) temor de nadie.” Sin embargo, el colombiano raso —si acaso estamos de acuerdo sobre lo que ser un colombiano raso significa— busca unas garantías mucho más básicas y que yo creo se anteponen, o como mínimo, se equiparan a las que parece querer describir Echeverri Correa y que ya he discutido—la paz de la finca y el viaje en carro yuxtapuestas a la vida digna y la comida en la mesa. Con lo que nos queda entonces la ficción y el espejismo de que no tengamos que pagarle tributo a nadie. Pues resulta que el tributo mismo sí lo pagamos (y a conciencia) en forma de impuestos. La pleitesía y el temor, están infundidos a través (del ejercicio) del imperio de la ley o el (quizás menos atemorizante) estado de derecho, que es lo que en verdad se pide (como dice Echeverri Correa) o se ofrece (como corresponde) en cualquier país civilizado del mundo.

(¿Por qué entonces la necesidad en Colombia de querer rebautizar el concepto de seguridad? Esto es algo a lo que volveré más adelante.)

Retomando, esto del tributo, la pleitesía y el temor son cosas que en Colombia nos hemos acostumbrado a demonizar cuando nos referimos a los grupos armados (por ello así llamados) al margen de la ley. Y con justa razón, dados sus actos en las últimas décadas. Me atrevo sin embargo a corregir a Echeverri Correa en que a lo que él en verdad se refiere, es a que el colombiano raso, y necesariamente también el no raso, puedan habitar el territorio nacional bajo un único sistema que ostente el monopolio de las armas (para su uso policivo y de defensa) y que lo ejerza en concierto con un aparato de gobierno, de justicia y legislativo, de forma tal que haya un temor medido a las consecuencias que se derivan de la violación de dicho marco, y que en el ejercicio de control se garanticen pesos y contrapesos. (Esos mismos pesos y contrapesos que se pondrían en riesgo aún mayor de lo que ya ha soportado la Constitución de 1991 si es que prosperase la iniciativa de referendo por la reelección presidencial.)

(El problema a este respecto es que en Colombia le hemos tenido que pagar tributo y tenerle miedo a las instituciones equivocadas. En lugar de pagarle tributo al estado y temerle a la policía y al sistema de justicia, le hemos pagado tributo a los paramilitares y las guerrillas, y temido mucho más al secuestro. Hoy quizás la ‘seguridad democrática’ nos haya permitido reducir el temor al secuestro y a la acción de los grupos armados, pero aún no se transforma en un temor real por el estado de derecho. Es decir, aquí aún se delinque sin temor a ser atrapado y condenado. Y esa transformación no se ha dado, ni podrá darse, porque la ‘seguridad democrática’ está viciada en principio, toda vez que le ha robado al Estado, además de otras cosas, la seguridad misma—algo que exploro más adelante.)

En fin, es en la búsqueda de la recuperación de dicho estado de derecho que el país se ha visto en la necesidad de copar las carreteras y los pueblos tal cual correctamente lo describe Echeverri Correa (gracias a la que se debe reconocer ha sido una juiciosa tarea por parte del gobierno actual y el presidente a su cabeza). Esto era algo que requería atender la larga deuda de esa Colombia violenta a la que se refiere en justo derecho Echeverri Correa. No obstante, no tanto es en ese mismo sentido en el que se requiere la nutrida presencia de elementos de la policía en los estadios de fútbol. Este argumento, al cual con elaborada pirueta acrobática llega Echeverri Correa, es una extrapolación del concepto de ‘seguridad democrática’ que si bien puede ser válida o necesaria, yo no creo sea poco inocente o ligera. Esto, y lo demás que aun no he cubierto sobre la entrevista citada, ya sí nos obliga adentrarnos de lleno en la política y las campañas.

La ‘seguridad democrática’ nos la propuso el candidato/presidente Álvaro Uribe junto con la idea de la mano firme y el corazón grande, como una salida a la debacle de los diálogos de San Vicente del Caguán, y para retomar (con apropiada analogía de buen chalán) las riendas del estado—con lo que de paso podríamos poner en cintura a los grupos al margen de la ley. Hay entonces dos elementos que brotan ‘nuevos’ (o que por lo menos ya finalmente se develan) en la versatilidad de este concepto. El primero es la extensión de la política de ‘seguridad democrática’ a las formas más locales y cotidianas (regionales) de la vida de los colombianos; y el segundo, es la ahora si completa “democratización” misma del concepto de seguridad.

Al primero entonces. Cuando Echeverri Correa ‘ensanducha’ el problema de la seguridad en los estadios de fútbol entre la aceptación implícita de los grupos paramilitares y los eventos desatados a partir del 9 de abril, y enmarca esto en la recuperación del estado de derecho, está buscando que se asocie el concepto de ‘seguridad democrática’ como una herramienta para la contingencia de todas las manifestaciones de violencia—es decir, incluso aquellas que no atenten contra la estabilidad del estado. Esto bien puede ser una manifestación inocente o no de su parte, quizás una simple revelación del subconsciente (académicamente, una naturalización del lenguaje). Poco importa. Lo que si importa es que ahora que la confrontación con los grupos guerrilleros se le hace cada vez más lejana, más ajena, al electorado (urbano), esto hace manifiesta la intención de hacer aún latente la sensación de inseguridad. Se hace necesario relocalizar los escenarios de confrontación. Ahora estos no sólo estarán en la lejana selva de los hijos de nadie, o de forma aleatoria en las carreteras, sino en el escenario cotidiano y regional, en el estadio, en el barrio. El barrio al que los ‘Hoolingans’ criollos buscan destruir. La violencia está en la puerta de tu casa. Debes aferrarte a la ‘seguridad democrática’—que ahora no sólo es una herramienta para la lucha contra los ‘terroristas’ que buscan desestabilizar el estado, sino también una fórmula de control de masas y de delincuencia común—que por demás supuestamente le da garantía de estabilidad internacional al país. Cualquier otro enfoque del problema es tibio, blando, y su expositor no constituye un actor o interlocutor legítimo—tanto en la política, en la economía, y en la sociedad.

En la política, los candidatos a la presidencia que atiendan las garantías de seguridad que debe brindar el estado a sus ciudadanos conforme lo está consignado en la constitución (véanse por ejemplo, los artículos 2o y 187), corren el riesgo de no pasar el corte de la ‘seguridad democrática’. (Pues como ya muchos y el mismo Echeverri Correa lo han dicho, Uribe puso la vara muy alta.) La verdad es que cualquier candidato a la presidencia —puesto que el cargo así lo establece—, está obligado a “proteger la vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades de todos los colombianos” (Artículo 2o), y en particular, a “conservar (y/o) restablecer el orden público en todo el territorio nacional” (Artículo 187). Pero a pesar de ello pareciera ser que según la lógica de Echeverri Correa, sólo aquellos que explícitamente adhieran al concepto de ‘seguridad democrática’ están ‘calificados’ para cumplir con esta obligación. Esto lo hace explícito cuando de manera muy particular le introduce al Artículo 2o el concepto de ‘seguridad democrática’ diciendo que “el que quiera ser elegido presidente aquí, necesita defender la seguridad democrática, o sea la seguridad de la vida, honra y bienes de las personas, y al mismo tiempo la seguridad jurídica” — frase en la que la ‘seguridad democrática’ implica (en el “o sea” y el “al mismo tiempo”) todo lo demás, aun cuando en ninguna parte de la constitución se haga referencia a la ‘seguridad democrática’.

En la economía, porque la ‘seguridad democrática’ es, supuestamente, la única garantía suficiente y necesaria para la inversión extranjera y el desarrollo del país. De lo contrario, si “el país no le vota a alguien que no diga que va a mantener el país en seguridad” entonces no “vuelve un centavo de inversión extranjera y tampoco hay crecimiento en el empleo, y tampoco aumentarán el pago (se refiere al recaudo) de impuestos, y tampoco habrá más oportunidades de capacitación (de capital) y trabajo, o sea, el país volverá a poner el cambio en reversa”, asegura Echeverri Correa, quien remata con que, en tal escenario caminaríamos “en reversa otra vez como caminamos durante cuarenta años en las décadas pasadas.” Y en esto último de nuevo las imprecisiones históricas que pretenden mostrarnos la aparición de la ‘seguridad democrática’ como un mágico parte aguas de prosperidad en la historia del país. Además, es literalmente un imposible volver al pasado porque ése pasado estaba enmarcado en escenarios globales económicos completamente distintos a los que hoy se viven, y porque ya se ha demostrado, y la actual crisis económica mundial es la prueba magna, que el capitalismo ha rebasado al concepto de los estados-nación y que hoy el mundo es otro (ver por ejemplo, entre muchos otros, la opinión de Robert Reich, antiguo Secretario del Trabajo durante la administración Clinton).

Se mezclan en la economía y lo político cuando Echeverri Correa establece el campo de juego como un escenario entre bandos diametralmente opuestos cuyas consecuencias son el día y la noche, ya que seguido a lo mencionado en el párrafo anterior, Echeverri Correa establece que gracias a los beneficios de la ‘seguridad democrática’ podrán “venir aquí (las) inversiones del exterior, sin estar (muertas) del miedo de que (les) pueda pasar lo que (le) pasa hoy en día a los inversionistas en Venezuela.” Definiendo a Venezuela como la antítesis de la ‘seguridad democrática’ y el modelo de país al que nos llevarían aquellos que no adscriban a la ‘seguridad democrática’. Lo cual, es establecer un ridículo escenario de guerra fría bolivariana idiota. (Igual escenario de debacle trataron de pintarnos con el famoso referendo y luego con el tratado de libre comercio, mismos que si no se aprobaban iban a significar el fin del mundo—y aquí seguimos.) La verdad es que los inversionistas le temen tanto a la ‘inseguridad democrática’ de Echeverri Correa, como le temen a los cambios constitucionales que buscan perpetuar figuras de poder, apellídense éstos Uribe o Chávez.

Y en la sociedad, porque se puede pasar fácilmente a ser un actor no válido si uno no se incluye dentro del “90 por ciento de los colombianos” que, según Echeverri Correa en El Espectador, “han manifestado que quieren la seguridad democrática.” Pues cuando “una persona dice que no comparte la tesis de seguridad democrática, (…) está opinando contra el país.” Cosa sobre la que me referí de paso en el artículo del 22 de mayo cuando hablaba del riesgo al que se somete uno hoy día a ser estigmatizado negativamente si uno es crítico respecto al gobierno, la reelección o la ‘seguridad democrática’ (traidor, apátrida), o cuando uno manifiesta la creencia de que hay una agenda social y una deuda con el campo más importante que atender (amigo de la guerrilla, nostálgico de la violencia), o cuando uno cree que hay unos principios y garantías constitucionales que son inviolables (inocente, idealista, blando). Con lo que, imagino yo, ese restante 10 por ciento es al que Echeverri Correa asocia como las personas que gustan de Mockus o Fajardo, y de sus “teorías”, y que el etiqueta como la gente que “aventura criterios como (los que) aventuraba el presidente, candidato, Betancur Cuartas, como (también) aventuraron otros candidatos a la presidencia de la república en décadas pasadas (y sobre los) que todo el mundo ya tiene los balances hechos de sus gestiones”.

Esto, que nos trae de vuelta a lo político, no es una frase cualquiera, pues Echeverri Correa está implicando, con el ejemplo de Belisario Betancur (y anteriormente con las analogías al 9 de abril), que si el país no le da continuidad a la ‘seguridad democrática’ entonces estaremos en riesgo a revivir semejantes dolorosos eventos como los que se vivieron en el pasado, apelando así a los temores más básicos del electorado (que es a lo que me refería anteriormente con el tema de los estadios.)

No soy yo el único que trata de llamar la atención al respecto. También lo ha hecho en repetidas ocasiones el ex ministro Rudolf Hommes quien en su columna del 28 de mayo en El Tiempo asocia el concepto de ‘seguridad democrática’ con las practicas de manejo del lenguaje que ha hecho el partido republicano en los Estados Unidos. Este es un punto realmente crucial porque lo que estamos viendo y viviendo en Colombia con la ‘seguridad democrática’ no es sino una copia regional de lo que hizo el partido republicano con la ‘seguridad nacional’ y el ‘comandante en jefe’ para desvirtuar “exitosamente” al partido demócrata—presentándolo como la alternativa débil ante el terrorismo durante las elecciones al congreso de 2002 y a la presidencia de 2004, pero que luego “fracasaron” en los respectivos comicios de 2006 y 2008.

Con esto paso al segundo de los nuevos elementos que describí arriba sobre la versatilidad del concepto de la ‘seguridad democrática’: la “democratización” misma del concepto de seguridad.

La seguridad no es democrática. No puede serlo. Lo que si puede y debe ser democrático es la forma de gobierno. La seguridad, o mejor, el brindarla, es una obligación de este último y un derecho de los ciudadanos que lo eligen (y de los que no lo eligen también). Si quisiéramos hacer democrática a la seguridad, podríamos entonces elegir entre un abanico de instituciones policivas, por ejemplo, como lo hacemos entre un abanico de partidos o líderes políticos para escoger quién gobierne. Al fungirse los ‘uribistas’ como los únicos actores válidos para llevar la bandera de la ‘seguridad democrática’, lo que han hecho es, como lo sugerí anteriormente, robarle la seguridad al Estado. Arrebatársela a la constitución y a las leyes. Se han apropiado de la seguridad—que ya no es la que aparece en la carta magna o la que se establezca en la legislación y a la cual está obligado cualquier servidor público y ciudadano, sino la que ellos (unos más pocos) definan. Y quieren “democratizarla” haciéndonos creer a los colombianos que en las próximas elecciones lo que se va a elegir no es quién queremos que gobierne, sino qué tipo de seguridad es la que queremos para el país. Como si la seguridad no fuera una sola.

La ‘seguridad democrática’ es entonces ahora no solo una herramienta de gobierno sino también una herramienta de campaña con la que se pretende dictar quiénes pueden participar exitosamente en el escenario democrático. No en vano Echeverri Correa, creyéndose en el lado determinante, dice que a quienes estén en las márgenes de ese concepto “usted los deja y sacan, sí, 15, 20, 25 por ciento.” Como si estuviera en la potestad de quienes representan la ‘seguridad democrática’ determinar quiénes y a cuánto pueden aspirar en política—haciendo de la ‘seguridad democrática’ un concepto claramente exclusivo de ellos y excluyente respecto a los demás.

El concepto de ‘seguridad democrática’ que mucho ha calado entre los colombianos es pues no solo una aberración del idioma sino que, de la mano con la desaparición de los términos ‘conflicto armado’ y ‘grupos al margen de la ley’, que a la sombra del reordenamiento mundial fruto de los atentados del 11 de septiembre y a la ya por mucho prolongada ‘guerra antidrogas’, han sido sustituidos (no desmerecidamente) por los términos de ‘terroristas’ y ‘narco-terroristas’.

Para terminar, y ya que pareciera que nos importa seguir de cerca lo que ocurre en los Estados Unidos, convendría que los ‘uribistas’, por el bien del país (e incluso por su propio instinto de supervivencia), se fijaran en la economía (y recomiendo otra reciente opinión del ex ministro Hommes); y que en lugar de agotar todo su músculo político en la búsqueda de las mil y una maneras de prolongarse en el poder (ejecutivo y legislativo) a través de la única idea de la ‘seguridad democrática’, dedicaran un poco de energía en ayudar al país a enfrentar lo que el mundo entero ya ha visto y aceptado pero que Colombia parece no entender: estamos en una recesión económica mundial y el desempleo va a continuar cayendo. De lo contrario pueden sufrir la misma suerte de los republicanos estadounidenses: alguien llegará de la “nada” con una simple idea: Cambio!

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